El grupo municipal del Partido Socialista de Algeciras exigió ayer la convocatoria urgente de la junta de portavoces después de que se haya conocido la providencia del Tribunal Supremo que no admite a trámite el recurso de casación que había planteado el Ayuntamiento contra otra sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el parking La Escalinata. Los socialistas consideran "muy necesario" que se evalúe la situación con los servicios jurídicos municipales conforme se va cerrando el recorrido judicial del caso y se confirman las sentencias contrarias a los intereses municipales.

La nueva decisión judicial supone que el Ayuntamiento tendrá que hacer frente a una indemnización solidaria con la concesionaria del parking, por la que los vecinos calculan que podrán recibir hasta 2,6 millones de euros, aunque la cantidad final tendrán que determinarla los tribunales. A este dinero se unirá el coste del derribo del parking, coste que tiene que asumir también las cuentas municipales por otra decisión del Supremo.

"El caso del parking de La Escalinata marca ya una responsabilidad clara de quienes impulsaron esta construcción y el actual alcalde del PP es su referente más visible. Los algecireños vamos a tener que pagar muy caro esta actuación, la más señalada del urbanismo especulador que se hizo en Algeciras con el gobierno del PA-PP, en el que José Ignacio Landaluce fue teniente de alcalde", recordó el portavoz municipal del PSOE, Fernando Silva.

"El largo camino judicial de La Escalinata ya está terminando, aunque Landaluce se empeñe en prolongarlo con más recursos que apuntan a nuevos fracasos, en su empeño por retrasar todo lo posible el momento en el que tiene que enfrentarse a su responsabilidad política y responder ante los algecireños", agregó Silva.

El grupo socialista ha informado al resto de la oposición sobre su iniciativa y les ha invitado a sumarse a la reclamación de la convocatoria urgente.

"El alcalde y su gobierno tienen siempre muchos problemas a la hora de conocer las decisiones judiciales que no les favorecen, siempre les llega antes a la prensa, algo muy extraño en estos tiempos de comunicaciones vía internet. Y también se muestran muy remisos a la hora de informar a la oposición sobre estos asuntos", criticó el portavoz.

La nueva decisión municipal, además de confirmar la obligación de la indemnización solidaria a los vecinos, condena al gobierno local al pago de las costas judiciales. "Las arcas municipales han soportado solo en el último año, entre estudios, costas judiciales y pagos por trabajos judiciales externos un gasto que supera los 26.000 euros, sin contar lo que puede valer el derribo del parking, la reposición del lugar a un estado urbanístico normalizado, y la indemnización por daños a los vecinos", concluyó Silva.